Colonos de la zona de Santa Lucía (Alto Paraná y Canindeyú) pidieron a las comisiones de Derechos Humanos así como la de Reforma Agraria del Senado y Diputados la realización de una audiencia pública para promover una investigación “a fondo” sobre el presidente de Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas.
Lo acusan de haber entregado a los “carperos de Ñacunday” extensas propiedades en la zona, que se superponen a sus tierras localizadas en unas 850 hectáreas en la jurisdicción de Itakyry, Alto Paraná, con el único objetivo de “limpiar” las tierras de Favero, en el sur de Alto Paraná, para instalarlos en otro lugar.
“Ni siquiera son agricultores. Fueron beneficiados con 500 hectáreas y van y se pasean por la zona en coches y camionetas lujosas. Los fines de semana no aparecen porque van a atender sus comercios de Ciudad del Este”, denunció el exdiputado liberal Julio César Ibarrola, en visita a este diario.
“Los lugareños me cuentan que desde que se instalaron hay robos de ganado. Antes no se robaba ni una gallina. Actúan con prepotencia y disparan sus armas al aire como demostración de fuerza. El pacifismo de los lugareños es lo que contiene todavía incidentes mayores”, añadió.
Cárdenas “tenía que haber hecho una regularización de los títulos respetando a los fundadores y habitantes tradicionales de Santa Lucía, pero no lo hizo”, siguió diciendo. Pero tanto el titular del Indert como los dirigentes campesinos sostienen que se trata de “tierras malhabidas” de la dictadura de Stroessner, lo cual es negado por los colonos.
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