El fiscal Silvio Corbeta solicitó revocar las medidas y decretar la prisión de Enrique Lovera y Guido Vargas, acusados de ser cómplices del exintendente de Quyquyhó y actual diputado, Esteban Samaniego, por administración en provecho propio. Los mismos recusaron en dos ocasiones al juez Humberto Otazú y lograron trabar la audiencia preliminar, que afrontan la […]
El fiscal Silvio Corbeta solicitó revocar las medidas y decretar la prisión de Enrique Lovera y Guido Vargas, acusados de ser cómplices del exintendente de Quyquyhó y actual diputado, Esteban Samaniego, por administración en provecho propio.
Los mismos recusaron en dos ocasiones al juez Humberto Otazú y lograron trabar la audiencia preliminar, que afrontan la actual jefa comunal y esposa del legislador colorado, Patricia Corvalán, entre otros. También recusaron a Corbeta. “Estas conductas de los encausados indican una falta real de voluntad de sujeción a las resultas del presente caso y es evidente que se estarían alternando para las recusaciones u otro tipo de actos dilatorios, con el fin de seguir dilatando la etapa intermedia”, enfatizó el agente del Ministerio Público.
«Teniendo en consideración la etapa procesal en la cual nos encontramos (etapa preliminar), y en pos al aseguramiento del desarrollo de la próxima audiencia preliminar, una vez sea resuelta la recusación planteada contra VS., esta Representación Fiscal solicita a este Distinguido Juez disponga de inmediato la REVOCATORIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES que pesan sobre los procesados Enrique Lovera y Guido Vargas Gaete, en concordancia con lo previsto en el art. 243 num. 4 del mismo cuerpo legal 1 , mediante la sujeción de los procesados a medidas cautelares idóneas que V.S considere conveniente...
«Como se mencionara, lo requerido se sustenta exclusivamente en asegurar la realización del acto procesal a ser fijado teniendo en consideración que durante el transcurso del presente proceso penal, ambos acusados han recaído en constantes conductas obstruccionistas, ya sea por la aplicación de diferentes mecanismos legales aplicados y/o otras circunstancias; las cuales denotan que se encuentran direccionadas a la notoria dilación del inicio de la sustanciación de la audiencia preliminar.»
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