Además, la interviniente Liliana Alcaraz solicitó que su colega afronte juicio oral y público.
La investigación se inicia por la denuncia presentada ante la unidad penal a cargo del fiscal René Fernández, el 25 de abril de 2018, por el abogado César Manuel Bóveda González.
El hoy acusado, quien ejercía en ese entonces el cargo de agente fiscal de Quiindy, había solicitado a Justo Eron Franco Melgarejo (intermediario) en primer lugar la suma de 30.000 dólares y, posteriormente, quedaría en la suma de 20.000 dólares, a cambio de que conteste un traslado de manera favorable para la defensa con relación a un incidente de nulidad de las imputación que se le había corrido traslado a su unidad por parte del juzgado de Garantías de Paraguarí.
Es con relación al proceso de un ciudadano español de nombre Ángel Aja Muela, procesado por estafa, apropiación y evasión de impuestos y cuya causa era llevada por Garay. Incluso, el mismo contaba con orden de captura.
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