Según el escrito, no se tuvo en cuenta para la suspensión del plazo de la prescripción las acciones dilatorias, planteadas por las defensas, que a su vez impidieron que se lleve adelante el juicio oral.
Según el escrito, no se tuvo en cuenta para la suspensión del plazo de la prescripción las acciones dilatorias (chicanas) planteadas por las defensas, que a su vez impidieron que se lleve adelante el juicio oral y se tramite normalmente la causa.
La fiscal citó fallos de la Corte como precedentes para sostener que la ausencia del expediente en el juzgado constituye un «obstáculo objetivamente insuperable«, lo cual suspende el cómputo de la prescripción.
Además, Guerrero refiere que la jueza Cinthia Garcete realizó una mala aplicación de la ley al tomar un marco penal de 3 años para contar el plazo de prescripción, ya que debía ser tenido en cuenta el numeral 3 del artículo 7 de la ley 2523. Este apartado constituye un tipo legal distinto y establece un marco penal de 5 años.
La Cámara de Apelación ya corrió traslado a las partes respecto a este planteamiento y deberá resolver si confirma o no el blanqueo del exlegislador. Reportó Lucas Zaracho, cronista de la Megacadena de Comunicación.
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