La Procuraduría informó que el remate de las viviendas de las 32 familias que debían beneficiarse con un préstamo de la entonces Senavitat, a través de una cooperativa de nombre Covitava, dependerá del proceso judicial en curso. Asimismo, la institución negó que haya solicitado G. 900 millones a las familias y aseguró que fue una mala interpretación de las explicaciones.
La Procuraduría General de la República (PGR) se pronunció respecto a las denuncias de las 32 familias que, en 2011, debían ser beneficiadas con un préstamo de la entonces Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), hoy , a través la cooperativa de viviendas por ayuda mutua Tava Rory Ltda. (Covitava), para que puedan acceder a viviendas.
Sin embargo, las casas no fueron terminadas, a pesar de que la Senavitat desembolsó la totalidad de los G. 3.634 millones que debían destinarse a la construcción, en la fracción San Antonio de la ciudad de Limpio. Como resultado, los “beneficiados” se mudaron a viviendas incompletas, y Covitava fue intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), lo que llevó a la liquidación de la entidad solidaria, debido a malversación de fondos.
La representante de los afectados, Griselda Duré, denunció que la PGR solicitó el desembolso de unos G. 900 millones a las familias, solo para que pudieran participar en la subasta de las viviendas en las que ya residían, con el fin de recuperar los fondos invertidos por la entonces Senavitat.
Duré responsabilizó de este pedido al abogado Fabián Almada, procurador delegado que lleva el caso en la PGR, quien, según ella, les informó que solo mediante la subasta podrían adquirir las viviendas.
Leer la nota completa en Diario ABC
