El director brasileño de Itaipú, Enio Verri, declaró a los servicios de prensa de la propia entidad, margen izquierda, que “avanzan las negociaciones por el Anexo C” y que está en condiciones de anunciar que en 2027 habrá una drástica reducción de la tarifa, la cual pasará a ser la más baja de su país. Si Verri se estuviera refiriendo exclusivamente al 50% que le corresponde al Brasil, no habría nada que objetar, pero si está incluyendo también la parte sobrante paraguaya, como parece ser el caso, quiere decir que nada en absoluto va a cambiar en la “binacional”, culpa de la falta de visión y de patriotismo de este Gobierno, que en tres años no ha hecho ni mínimamente lo necesario para reivindicar los legítimos derechos nacionales.
Es, de hecho, indignante que los paraguayos tengamos que enterarnos de la marcha y el tenor de las conversaciones por declaraciones de brasileños en Brasil, como si la ciudadanía en nuestro país no tuviera vela en el entierro. Aquí se trata el asunto como secreto de Estado, a lo sumo con esporádicas y vagas referencias al respecto, lo que no hace más que ahondar la sospecha de que se mantendrá el statu quo en detrimento del Paraguay.
Esta ya no es una mera conjetura y lo es menos con las confiadas expresiones del director brasileño. A estas alturas es impensable un cambio estructural en el Anexo C, no solo porque este año hay elecciones en Brasil, sino porque cualquier modificación del Tratado requiere aprobación parlamentaria, lo cual puede llevar varios años. A modo de referencia, el acuerdo de Fernando Lugo y Lula da Silva, que no fue nada del otro mundo, sino apenas un ajuste de la ridícula “compensación” que recibe Paraguay por cesión de energía, se firmó en 2009 y solo pudo ponerse en práctica en 2012.
Lo que se esperaba que hiciera Santiago Peña era iniciar la renegociación del Tratado sin demoras, inmediatamente al asumir, como lo habilitaba el mismo Anexo C, al establecer que sus disposiciones “serán revisadas” a los 50 años de su entrada en vigencia, plazo que se cumplió, con la deuda ya totalmente cancelada, el 13 de agosto de 2023, dos días antes de que Peña jurara como Presidente la República.
Pero no solamente no lo hizo –al contrario, de manera insólita lo demoró unilateralmente–, sino que tampoco preparó al sistema eléctrico nacional para que el país pudiera técnicamente disponer de sus excedentes energéticos y, en todo caso, comercializarlos por su cuenta. Prueba de ello es que la línea de 500 kV a Valenzuela lleva dos años de retraso y solo está completada en un 60%, en tanto que la subestación de Yguazú no está dotada con los transformadores necesarios para traer el sobrante de Itaipú y subastarlo en territorio nacional.
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