Ante las muchas y documentadas quejas contra la Universidad Nacional de Pilar (UNP) acercadas al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), este organismo dispuso la intervención de la universidad para investigar posibles hechos delictivos. No fue fácil llegar a esta instancia. El rector Víctor Ríos procuraba impedir que se llegue a la intervención mediante recusaciones que fueron rechazadas por infundadas. Ríos tenía sus razones como veremos enseguida.
El interventor Ing. Agr. Pedro Gerardo González inició su tarea el 2 de febrero de 2015. En vez de declarar cesantes, como manda la ley, al retor, vicerrector y decanos, mientras dure la intervención, González los confirmó a todos.
Respecto a Ríos, pasó por alto la ilegalidad de la doble función, y doble remuneración de diputado y rector. El interventor ignoró los artículos constitucionales 196, 197 y 198. Este último es categórico al disponer que no pueden ser diputados los administradores de entes autónomos. La Universidad es autónoma por esencia.
Aun así, el interventor informó sobre varios casos de irregularidades y recomendó que se hiciesen algunos cambios. Señala, por ejemplo, las elecciones del rector y vicerrector con un año de anticipación sin ninguna razón valedera. Cuestionó la participación de representantes de dos facultades, recientemente creadas, sin tener la resolución de creación por parte del Cones.
Encontró que varias normativas reglamentarias “están desactualizadas y otras no existen (…) tales como la Carta Orgánica, el Reglamento General de Elecciones, el Reglamento Disciplinario para Estudiantes, Docentes y Funcionarios Administrativos; el Reglamento de Concurso para ocupar Cargos Administrativos y para el Ascenso y Promoción de los funcionarios administrativos; Reglamento para sumarios administrativos, tanto para funcionarios administrativos como para docentes y estudiantes; el Organigrama para el Rectorado y el Reglamento General de Posgrado, entre otros”. O sea, nada. Una...
Leer la nota completa en Diario ABC
