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Las pericias del Ministerio Público y la querella adhesiva sostienen que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines sufrió un perjuicio económico.
José Caballero (saco gris), presidente de la Caja, y demás integrantes del consejo directivo. Foto: Gentileza.
Las pericias concluyeron que la Caja Bancaria fue objeto de perjuicio por más de G. 2 billones, por lo que el proceso abierto con relación a los directivos, deberá proseguir.
En este sentido, el Ministerio Público deberá solicitar el 26 de julio la reapertura de la causa penal por lesión de confianza.
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