El Centro de Jubilados y Pensionados Bancarios y de otras Entidades Financieras del Paraguay entregó a la fiscala Victoria Acuña el resultado de una pericia contable que revelaría un faltante de más de G. 4.000 millones en concepto de intereses que dejaría de percibir la Caja Bancaria.
La abogada Romina Rolón presentó un escrito a Acuña –quien fue designada interinamente tras la recusación al fiscal Martín Cabrera– y solicitó que los directivos sean convocados a audiencias indagatorias, entre ellos su actual titular, José Antonio Caballero.
Según el informe pericial contable realizado por el Lic. Darío Vázquez Piatti (matriculado en la Corte Suprema), a través de la empresa Karakú SRL, un total de 81 asociados realizaron más de 400 préstamos irregulares, con la aplicación de la “Promo Credi Personal”.
Se detectó un supuesto daño patrimonial al 31 de diciembre de 2016 de G. 401.300.236 y a futuro, un perjuicio de G. 3.791.490.072, por intereses que se dejarán de percibir.
También se conoció que las operaciones no contaron con las resoluciones del Consejo de Administración de la Caja y que los daños fueron provocados por “drásticas disminuciones de las tasas de intereses de los nuevos créditos, con los cuales fueron cancelados créditos otorgados por la Caja Bancaria a mayor interés.
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