El 2022 se despide como uno de los años más difíciles de la última década. Difíciles porque a todos, sin discriminar clase social, el aumento en el costo de vida nos golpeó de forma sensible por el lado de los combustibles, alimentos, suba de tasas de impuestos o de bienes importados. Todos tuvimos que pagar ese crecimiento de precios que nos respetó en promedio un 10% a nuestro poder adquisitivo.
El Banco Central de Paraguay utilizó sus herramientas de política monetaria para contener la escalada de precios y sus acciones le significaron pagar a los bancos más de US$ 100 millones adicionales en letras de regulación. El Ministerio de Hacienda también dejó de recaudar unos US$ 70 millones en concepto de Impuesto Selectivo al Consumo al reducir a la mitad la tasa impositiva a la importación de carburantes.
Las empresas de venta de productos de consumo masivo están cerrando el año con casi un 6% de caída y casi en la misma proporción las empresas del sector de la construcción, venta de servicios de telefonía móvil y parte del sector industrial. En la generalidad todos de algún modo han realizado esfuerzos económicos para salvar este año.
Por eso es tan injusto que el único segmento de la economía, el de la Administración Pública, que vive en como una nube de fantasía aislada de la realidad haya sin ningún pudor aumentado el peso de los gastos rígidos para el 2023 en más de US$ 70 millones por fuera del presupuesto para contratación de personal y aumento salarial. Lo que es peor, no son ellos los que el próximo año tendrán que hacer mayores esfuerzos para pagar la cuenta, sino nosotros, con nuestros impuestos.
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