La Cámara de Diputados tenía previsto tratar hoy –la sesión fue suspendida llamativamente anoche– un proyecto de ley que eleva de diez a quince años la máxima pena carcelaria para los delitos de estafa y lesión de confianza, en los casos especialmente graves. Uno de estos es que el hecho punible haya perjudicado el patrimonio estatal, lo que supone la intención de precautelarlo tanto de la codicia de los particulares como de la de quienes ejercen una función pública. Por cierto, muchas veces unos y otros actúan de consuno, como cuando en una licitación amañada se acuerda un sobreprecio o se entregan bienes que no responden a las especificaciones técnicas. Sin duda, este proyecto apunta en la dirección correcta, pero no basta que las penas sean más duras si la Fiscalía y la judicatura son implacables y rigurosas solo con los ladrones de gallinas, bicicletas y pomelos, pero no contra los poderosos ladrones de traje y corbata.
Luego de largas dilaciones, que ya ponían en duda la buena predisposición de sus miembros, la Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de su sesión de hoy el tratamiento de un dictamen de la Comisión Nacional de Reforma Penal, favorable a la aprobación de un proyecto de ley de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) y otros, que eleva de diez a quince años la máxima pena carcelaria para los delitos de estafa y de lesión de confianza, en los casos especialmente graves. Llamativamente, la sesión fue suspendida anoche a última hora.
Vale la pena conocer detalles del mencionado proyecto demorado en la Cámara Baja. Uno de los casos contemplados para el endurecimiento de las penas es que el hecho punible haya perjudicado el patrimonio estatal, lo que supone la intención de precautelarlo tanto de la codicia de los particulares como de la de quienes ejercen una función pública. Por cierto, muchas veces unos y otros actúan de consuno, como cuando en una licitación amañada se acuerda un sobreprecio o se entregan bienes que no responden a las especificaciones técnicas.
Hay otros hechos punibles propios de la corrupción, como el soborno liso y llano, pero, por de pronto, está bien que la estafa y la lesión de confianza sean sometidas a la consideración de sus pares por la diputada Vallejo, para que, según la propuesta, los autores, cómplices y encubridores de tales fechorías sean sancionados con mayor rigor. Convendría quizá que en el último delito referido, al igual que en el de la estafa, también sea castigada explícitamente la tentativa, atendiendo el argumento de que en el escándalo de la reciente abortada compra de insumos médicos el Estado no sufrió...
La Carta Magna dice que las penas privativas de libertad tienen por objeto readaptar a los condenados y proteger a la sociedad. No se puede asegurar que los delincuentes de guante blanco vayan a regenerarse tras las rejas, pero sí que, entretanto, la población quedaría a salvo de sus latrocinios, más aún si también se aplicara, en general, la pena accesoria de inhabilitación temporal para volver a ocupar cargos públicos, dispuesta por la Ley Nº 1626/00 para los funcionarios que malversen, distraigan o desvíen bienes públicos, entre otras cosas. Por lo demás, toda sanción tiene de hecho un...
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