El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que oficializa el ascenso de 34 altos jefes de la Policía Nacional, una determinación que reavivó fuertes cuestionamientos políticos y jurídicos, principalmente por la utilización del polígrafo como criterio central para definir promociones dentro de la institución.
El decreto, fechado el 23 de diciembre, consolidó una lista de ascensos que ya venía generando resistencia en el Congreso, donde sectores de la oposición alertaron sobre la inclusión de oficiales con antecedentes judiciales y vínculos indirectos con investigaciones sensibles. En particular, se cuestionó que algunos nombres hayan aparecido en conversaciones atribuidas al fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes y al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, sin que ello haya sido un impedimento para avanzar con las promociones.
La Cámara de Senadores otorgó el acuerdo en la última sesión del año, aunque el proceso quedó marcado por el rechazo explícito de legisladores opositores, quienes advirtieron que al menos 11 de los uniformados ascendidos arrastran antecedentes que, a su criterio, debieron ser evaluados con mayor rigor antes de conceder el aval legislativo.
El eje central de la controversia gira en torno al polígrafo, herramienta que fue utilizada como prueba determinante para habilitar los ascensos. Desde la oposición se sostiene que este mecanismo no solo carece de validez legal suficiente, sino que además fue incorporado de manera irregular. El senador Rafael Filizzola denunció que el Ministerio del Interior vulneró la normativa vigente al convertir el polígrafo en un filtro excluyente, señalando que se trata de una práctica que no es utilizada como criterio decisivo en sistemas democráticos comparables.
Las críticas se profundizaron ante la falta de transparencia. Legisladores reclamaron sin éxito el acceso a los resultados de las pruebas, tanto de quienes aprobaron como de aquellos que quedaron fuera del proceso. La senadora Yolanda Paredes afirmó que la negativa a entregar esa información mancha todo el procedimiento y compromete la legitimidad de los ascensos, al tiempo de responsabilizar directamente al ministro del Interior, Enrique Riera, por no brindar explicaciones claras.
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