Sorpresivamente, esta semana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicó un comunicado dirigido a sus funcionarios, todos ellos “representantes de la sociedad” ante los órganos de justicia, haciendo referencia a artículos del Código Procesal Penal, señalando que las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de “guardar secreto”. De esta manera, el máximo representante de la sociedad dejaba entrever que, de ahora en adelante, los agentes fiscales tienen la prohibición de informar el avance investigativo de casos donde el interés público se encuentra involucrado. Contrariamente a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que deben procurar las autoridades fiscales manteniendo una comunicación con la sociedad a través de la prensa, el fiscal general amenaza que en caso de no guardar secreto sobre las investigaciones en curso, sus subalternos serán sancionados.
Sorpresivamente, esta semana el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, publicó un comunicado dirigido a sus funcionarios, todos ellos “representantes de la sociedad” ante los órganos de justicia, haciendo referencia a artículos del Código Procesal Penal en los que cita parte de lo concerniente al carácter de las actuaciones, y dice que las partes y los funcionarios que participen de la investigación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de “guardar secreto”.
Esto claramente alertó a la ciudadanía y a la opinión pública ya que, sugestivamente, el máximo representante de la sociedad, quien cree a priori que hay casos que ni Mandrake el mago puede resolver, dejaba entrever que, de ahora en adelante, los agentes fiscales tienen la prohibición de informar el avance investigativo de casos donde el interés público se encuentra involucrado. Estos pueden incluir, por ejemplo, casos de corrupción o de tráfico de influencias, narcopolítica o asociación criminal en los que se encuentren imputadas autoridades nacionales que manejan la cosa pública.
Contrariamente a los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que deben procurar las autoridades fiscales manteniendo una comunicación con la sociedad a través de la prensa, el fiscal general amenaza, por medio de su inesperado comunicado, que en caso de no guardar secreto sobre las investigaciones en curso, sus subalternos serán sancionados, y encomienda a los fiscales adjuntos la tarea de controlar que los fiscales investigadores “no suelten prenda” ni cuenten aquello que aparentemente Rolón desea mantener en secreto.
Sin embargo, la propia Ley del Ministerio Público, en su Art. 8, dice que a fin de facilitar el conocimiento público de su labor y de posibilitar su control, el Ministerio Público deberá informar objetivamente a los medios de comunicación social sobre los principales asuntos o investigaciones, lógicamente sin afectar la reserva de las actuaciones judiciales o el principio de inocencia, es decir, evitando presentar a una persona como culpable sin una sentencia previa, pero no guardando secreto sobre cuestiones de interés público, sobre lo cual, la ciudadanía tiene el legítimo interés de...
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