La Contraloría recibió a mediados de año una solicitud para investigar la gestión de la INC en cuanto al uso de los US$ 67 millones que se le entregó, provenientes de los bonos soberanos, pero el ente ignoró el pedido en cuestión.
El Sindicato de la Industria Nacional del Cemento de la Administración Central (Sincac) había enviado una nota al contralor general de la República, José Enrique García, en la que solicitaba un examen especial del destino de fondos otorgados a la INC para el proyecto de mejoramiento del horno de clínker, de Vallemí (Concepción), financiado con endeudamiento externo, a través de la colocación de bonos soberanos. Eso, debido a que la cementara había recibido US$ 67 millones y terminará pagando en el lapso de 30 años unos US$ 187 millones. Pero, no conformes con los fondos recibidos, la...
El citado sindicato sostiene que hay “inversiones diferentes a las autorizadas, como la provisión, montaje y puesta en marcha de un segundo molino de cemento, por valor de US$ 11,4 millones, y la provisión, montaje y puesta en marcha de una segunda planta secadora de puzolana, por US$ 3,8 millones, ambas para la fábrica de Villeta”, según se lee en la nota.
Y se añade que “la utilización de fondos en estos proyectos de inversión, además de carecer de la cobertura legal para el efecto, tampoco contarían con la debida justificación técnica, económica y legal, establecida en las disposiciones del Decreto 8312, respecto a los estudios de preinversión”.
Sin embargo, pese a la advertencia de que de comprobarse la mala utilización de recursos públicos en inversiones innecesarias, improductivas o sobrevaluadas, en desmedro de la ampliación del horno de clínker, “significaría un grave perjuicio patrimonial, además del probable uso ilegal de fondos públicos”, la Contraloría no ha iniciado el análisis especial solicitado.
Leer la nota completa en Diario ABC