El juez Osmar Legal decretó la prohibición de innovar y contratar sobre tres establecimientos rurales que figuran a nombre del fallecido diputado Eulalio Gomes, en el marco del caso Pavo Real II. Los inmuebles habrían sido utilizados para actividades agrícolas y ganaderas, con el objetivo de canalizar el flujo de dinero ilícito. Los bienes en […]
El juez Osmar Legal decretó la prohibición de innovar y contratar sobre tres establecimientos rurales que figuran a nombre del fallecido diputado Eulalio Gomes, en el marco del caso Pavo Real II. Los inmuebles habrían sido utilizados para actividades agrícolas y ganaderas, con el objetivo de canalizar el flujo de dinero ilícito.
Los bienes en cuestión se encuentran inscriptos en los Registros Públicos como: el establecimiento rural denominado “San Juan”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay; el establecimiento denominado “Marta Angélica”, del distrito de Horqueta y el establecimiento denominado “Ñu Porã”, del distrito de Yby Yaú.
Los agentes fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron un requerimiento fiscal el pasado 23 de abril solicitando la aplicación de medidas cautelares sobre varios inmuebles rurales. Este pedido se basa en investigaciones que revelan un esquema delictivo de lavado de activos, presuntamente vinculado a organizaciones criminales internacionales.
Las autoridades identificaron que varias personas y entidades, en su mayoría con reconocimiento en el sector empresarial y público, habrían estado operando como facilitadores del lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Según el informe del Ministerio Público, se presume que estos individuos han utilizado sus influencias en el sector financiero y agropecuario para mover fondos ilícitos a través del sistema financiero paraguayo, lo que plantea serios riesgos de alteración o disolución del curso de la investigación.
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