El 27 de marzo de 2014 venció el plazo de 40 años que establece el Tratado de Yacyretá para revisar las disposiciones de su Anexo C, tarea que exige la previa aclaración de la deuda de la binacional, cuyo monto oficial es insostenible porque gran parte carece de documentos respaldatorios y porque sus calculistas no diferenciaron “préstamos” de “aportes”. En las negociaciones con el anterior Ejecutivo argentino se avanzó poco, por lo que recordamos al gobierno de Mauricio Macri, que asume hoy en el vecino país, los principales reclamos paraguayos en Yacyretá.
1. ¿Darán continuidad a las negociaciones iniciadas con el anterior Gobierno o comenzarán de cero?
2. El principal obstáculo para cerrar un acuerdo es la deuda que su país imputa a la EBY. La posición paraguaya es que los aportes que realizaron los gobiernos de su país no generan intereses y que tampoco son reajustables. El Art. IX del Tratado solo habla de aportes; no obstante, en su país siguen calculando la deuda con intereses y reajustes. ¿Cómo piensa resolver el problema?
3. El Art. XIII solo reconoce el derecho preferente de una de las partes para adquirir el excedente de la otra; pero su país, desde 1994 inclusive, actúa como la única destinataria del mismo. ¿Aceptaría que Paraguay lo venda a un tercer país, por la razón señalada y también porque su país realiza frecuentes intercambios de energía con Brasil, inclusive con la de Yacyretá?
4. Las divergencias entre su país y el nuestro en la aplicación del Tratado son cada vez más acentuadas debido a la decisión de los gobiernos que lo precedieron de mantener vigente la Nota Reversal de 1992, pese a que el Legislativo paraguayo lo rechazó en 1995. ¿Qué salida dará su administración a esta conflictiva situación?
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