Son vocablos inventados; son ficciones ajenas a la naturaleza humana creada o evolucionada, deducidos por la crítica jurídica y por la sociología política, de la ejecución de la legislación positiva vigente. Los defensores del derecho natural responsabilizan al positivismo jurídico, con su idea del “derecho por la fuerza”, del desenfreno de las dictaduras y los totalitarismos.
Por su parte, los positivistas afirman que fueron los teóricos del derecho natural, con sus ideas de la justicia absoluta, quienes prepararon el terreno a los tiranos.
Actualmente hay consenso de que el pueblo es el titular del poder político, y que son los órganos e instituciones establecidos en la Constitución sancionada y promulgada en la Convención Nacional Constituyente, a través de sus miembros elegidos en elecciones libres, los legítimos detentadores y ejecutores del poder político en un Estado.
Del congreso, con sus dos cámaras, emana la legislación positiva sancionada, promulgada por el Poder Ejecutivo. La constitución no es una entidad natural, sino el producto de la inventiva y del poder coactivo de seres humanos en sociedad; su contenido debe ser eficaz y justo; todos abogamos por un derecho positivo que tenga consistencia por su contenido de valor ético, moral y político.
La voluntad de la mayoría en las dos cámaras del Congreso puede sofocar el valor y la eficacia de la ley, si las decisiones son adoptadas ahogando el derecho de la minoría a ser escuchada; esa minoría integra el pueblo; la mayoría parlamentaria no es el pueblo, es una parte del pueblo.
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