Unos 400 ciudadanos marcharon ayer por las calles de Ciudad del Este para exigir la intervención de la Municipalidad y la imputación de los miembros del clan Zacarías Irún. Más del 50 por ciento de las galerías estuvieron cerradas y la mayoría de los trabajadores de la vía pública no asistieron a sus puestos.
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La manifestación comenzó a las 08:00 en la rotonda Reloj de la Ruta 7, a unos 500 metros de la zona primaria del Puente de la Amistad, y se extendió hasta el mediodía de ayer. Agentes de la Comisaría 1ª, con apoyo de otras dependencias, el Grupo Especial de Operaciones e Investigación de Hechos Punibles acompañaron la protesta.
Los manifestantes cerraron un carril y marcharon cada una hora hasta la zona primaria. El tránsito fronterizo se paralizó cada vez que llegaban cerca del puente. Exigieron una vez más la imputación del senador Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod, intendenta de Ciudad del Este, y el diputado Justo Zacarías Irún, todos investigados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Pidieron juicio político para la fiscala general, Sandra Quiñónez, a quien consideran “encubridora de corruptos”, y reclamaron la intervención de la Comuna de Ciudad del Este.
La mayoría de los comerciantes no abrieron sus locales, y otros cerraron durante la mañana. Grupos de empleados vestidos con sus uniformes se sumaron a la marcha. No se registraron incidentes como en el paro del miércoles pasado. También la Intendencia emitió la Resolución 6786/I.M., por la cual exhortó a mantener cerrados los locales comerciales “por falta de garantías legales y constitucionales para desarrollar sus actividades”.
Una de las organizadoras de la marcha, Marisa Godoy, dijo que la mayoría de los comerciantes cerraron sus locales en adhesión al paro. El vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Juan Ramírez, manifestó que más del 50% de los locales cerraron por precaución y temor a violencia. Esta cámara aglutina a 120 tiendas grandes y emplea a unas 10.000 personas. “Estas manifestaciones son justificadas, pero perjudican”, señaló.
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