La conocida organización Transparencia Internacional (TI) ubicó nuevamente al Paraguay en una poco invidiable posición en su índice de percepción de la corrupción de 2025, figurando en el puesto 150 entre 182 naciones del planeta y con uno de los peores desempeños de nuestra región. Desde hace años, nuestro país no ha variado casi su lugar en los puesto de rezago, figurando entre algunos considerados poco menos que Estados fallidos en esta materia. La cuestión no es difícil de entender, atendiendo lo que se publica todos los días en los medios de comunicación, que revelan una podredumbre repetida en el manejo de los bienes públicos que drena importantes recursos que bien podrían haberse destinado en beneficio de la población. Pareciera que las cuestionables prácticas están en el ADN de numerosos funcionarios de la Administración Pública nacional.
Paraguay sigue ocupando deplorables lugares en el ranking de la corrupción
La conocida organización Transparencia Internacional (TI) ubicó nuevamente al Paraguay en una poco envidiable posición en su índice de percepción de la corrupción de 2025, figurando en el puesto 150 entre 182 naciones del planeta y con uno de los peores desempeños de nuestra región. Desde hace años, nuestro país no ha variado casi su lugar en los puestos de rezago, figurando entre algunos considerados poco menos que Estados fallidos en esta materia. La cuestión no es difícil de entender, atendiendo lo que se publica todos los días en los medios de comunicación, que revelan una podredumbre...
Hace apenas pocos días, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete) denunció que el Instituto de Previsión Social (IPS) adjudicó el último noviembre a un consorcio ligado a un hijo del senador Luis Pettengill (ANR, cartista) un contrato por 49 meses para proveer de sábanas y prestar el servicio de lavandería, por un monto máximo de 80.000 millones de guaraníes de un total de 160.000 millones (más de 23 millones de dólares), aparentemente a precios muy superiores a los del mercado y sin que hubiera una “competencia real”, según el legislador.
Se trata de un nuevo escándalo en materia de contrataciones públicas, precisamente una de las copiosas fuentes de enriquecimiento ilícito para los que mandan y sus cómplices del sector privado, que causa un grosero perjuicio al fisco y a los eventuales oferentes honestos. Lo habitual es que se violen sistemáticamente los principios rectores de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, entre ellos los de “economía y eficacia” e “igualdad y libre competencia”. Así ocurre porque hay funcionarios, oferentes y contratistas que ignoran los principios de “integridad y buena fe” y...
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