En un giro significativo en su política exterior, el gobierno de Santiago Peña ha decidido unirse a Argentina, Costa Rica, Guatemala y Uruguay en un llamado conjunto a Venezuela para que cese la persecución contra la oposición política. Esta acción se produce en un momento crítico, a solo días de las elecciones presidenciales venezolanas programadas para el 28 de julio.
El comunicado conjunto, emitido el viernes por la noche, expresa una profunda preocupación por el “hostigamiento y persecución contra dirigentes y partidarios de la oposición venezolana”. Los países firmantes enfatizan que estas acciones atentan contra la legitimidad del proceso electoral y la expresión libre de la voluntad popular.
La declaración subraya que “en una democracia, la soberanía reside en la ciudadanía”, instando a que el resultado de las elecciones sea “el reflejo transparente de la voluntad popular expresada libremente en las urnas».
Esta postura del gobierno paraguayo se produce en un contexto de reciente acercamiento diplomático con Venezuela. Apenas el 5 de julio, la embajada venezolana en Asunción reabrió sus puertas tras casi cinco años de cierre, siguiendo la línea de “diplomacia pragmática” propuesta por Peña.
Sin embargo, el respaldo a este comunicado pone de manifiesto la complejidad de la situación. Por un lado, Paraguay busca normalizar relaciones bilaterales, pero por otro, mantiene su compromiso con los principios democráticos en la región.
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