Mientras la Unión Europea avanza con su Reglamento de IA (RIA) y países como Brasil discuten marcos éticos, Paraguay sigue sin leyes específicas. La Ley de Protección de Datos del 2020 es un primer paso, pero insuficiente.
La IA no es neutral. En Paraguay, donde el 35% de la población aún carece de acceso a internet, algoritmos entrenados con datos de otras latitudes podrían excluir a comunidades rurales, indígenas o informales. Imagine un sistema de crédito bancario que niegue préstamos a pequeños agricultores porque sus patrones económicos no encajan en modelos diseñados para urbes globalizadas. O peor las “deepfakes” utilizados para manipular elecciones en un país donde el 60% de los jóvenes consume noticias principalmente por redes sociales.
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