Roma.- El Consejo de Ministros italiano analiza la posibilidad de penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la
Roma.– El Consejo de Ministros italiano analiza la posibilidad de penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria, dentro de un paquete de medidas para frenar la criminalidad juvenil que incluyen también la prohibición de uso de teléfonos celulares a menores a partir de 14 años que hayan sido condenados.
«Quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años», establece uno de los 14 artículos del denominado decreto-ley con «medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil» que el Gobierno trata hoy.
El borrador del decreto, anticipado por los diarios La Stampa y Repubblica, agrega que «para los menores que hayan cumplido 14 años, se decreta la prohibición total o parcial del uso de teléfonos móviles o de plataformas y servicios en línea» si han sido investigados en episodios anteriores.
El decreto es parte de la respuesta del Ejecutivo que conduce Giorgia Meloni a una serie de delitos cometidos por bandas de adolescentes, especialmente un hecho investigado como violación grupal sobre dos niñas de 10 y 12 años en las afueras de Nápoles, además de un ataque sexual contra una joven de 19 años por parte de un grupo de siete adolescentes en Sicilia.
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