El acusado es Reinaldo Chaparro Penayo, procesado por los delitos de estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados de méritos y actitudes de contenido falso.
Chaparro era casero del parlamentario cartista en su casa de Lambaré, pero cobraba como funcionario de la Cámara Baja, sin asistir a las oficinas legislativas.
En el mismo fallo, la jueza también le aplicó las medidas alternativas con una fianza de su abogado Richar Rojas, de G. 26 millones.
Rechazó también el sobreseimiento definitivo y la exclusión de pruebas, pero admitió la inclusión probatoria.
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