La decisión de la mayoría circunstancial del Senado de blindar la Ley de Presupuesto General de la Nación, impidiendo que el Poder Ejecutivo pudiera vetar lo aprobado por el Congreso, no es solamente inconstitucional sino que tiene ribetes de irracionalidad inexplicable en un poder del Estado que presume de ser el guardián de la institucionalidad …
La decisión de la mayoría circunstancial del Senado de blindar la Ley de Presupuesto General de la Nación, impidiendo que el Poder Ejecutivo pudiera vetar lo aprobado por el Congreso, no es solamente inconstitucional sino que tiene ribetes de irracionalidad inexplicable en un poder del Estado que presume de ser el guardián de la institucionalidad de la República.
En lugar de tomar la decisión de hacer un estudio serio y consecuente del proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, aprobado por la Bicameral y por la Comisión de Hacienda de Diputados, lo que pretenden disidentes y opositores de la Cámara Alta es evitar que ocurra lo del año pasado, sacando al presidente Horacio Cartes la atribución constitucional de objetar total o parcialmente un proyecto sancionado por las cámaras del Congreso.
En un intento de justificar lo injustificable, voceros del grupete como Adolfo Ferreiro, aseguran que con la decisión adoptada al dar media sanción al proyecto que prohíbe que el Ejecutivo vete la Ley de Presupuesto, no se le quitó nada a Cartes, “porque nunca tuvo la potestad de vetarlo”.
Su fundamentación es que la misma Constitución habla del tratamiento del proyecto de PGN en un párrafo aparte y que allí, si bien se establecen plazos perentorios para el tratamiento del tema en ambas cámaras, no se menciona que el Ejecutivo pudiera vetarlo.
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