Los agentes fiscales Verónica Valdez y Luis Piñanez imputaron al fiscal Rubén Darío Riveros Medina por los delitos de cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, y extorsión, en carácter de cómplice.
Según el relato del Ministerio Público, el agente fiscal habría participado directamente en un esquema de pedido de dinero para beneficiar a un procesado, llegando incluso a reunirse con la denunciante para acordar la entrega de G. 5.000.000 “para tramitar unos papeles”.
De acuerdo con los investigadores, la primera reunión se habría realizado en diciembre de 2024, entre la denunciante Angélica Rojas Pedrozo, el abogado Luis Antonio Méndez Vera y el hoy imputado fiscal Rubén Darío Riveros. En esa ocasión, la mujer consultó si debía entregar una suma al fiscal, y este le respondió que todo debía canalizarse a través del abogado de su esposo. Riveros le habría insistido en que no cambiara de abogado, advirtiéndole que la situación de su esposo era delicada y que debía continuar trabajando exclusivamente con Méndez Vera para lograr su liberación en un proceso...
Ya en el año 2025, el abogado Méndez Vera se presentó en el domicilio de la denunciante y le solicitó G. 10.000.000, con la promesa de que dicha suma serviría para obtener una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario. La entrega del dinero se habría realizado en presencia de un familiar de la víctima.
Durante esa reunión, el abogado también le manifestó a Angélica Rojas que la “solución definitiva” para liberar a su esposo del proceso penal tendría un costo total de G. 120.000.000, que debía abonarse en dos partes, entregando la primera antes de que se decrete el arresto domiciliario.
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