El asesinato de ocho militares integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Arroyito constituye otro acontecimiento trágico, no solo para sus familiares y amigo, sino para todo el país, que siempre tuvo a su Ejército como símbolo de identidad nacional y expresión de sus más elevados valores patrióticos. Este grave atentado no es un incidente trivial, o una escaramuza entre grupos armados. Tratándose de una operación militar llevada a cabo en un área bajo control de la FTC, la máxima responsabilidad institucional corresponde al alto mando militar, no al Ministerio del Interior ni a la Fiscalía. Y a la cabeza de ellos, a su Comandante en Jefe. Los malvivientes continúan así perpetrando estos graves crímenes en las narices de la FTC. En otras palabras, le continúa marcando la hoja de ruta al Gobierno de Horacio Cartes, mientras este prometió ahora, una vez más, que “los culpables pagarán” por su criminal acción. Si no toma medidas enérgicas para el efecto, la ciudadanía lo seguirá incluyendo en la lista de presidentes pusilánimes e inútiles que desfilaron por el Palacio de López.
El asesinato de ocho militares integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) por parte de miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) ocurrido ayer en la zona de Arroyito, distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, constituye otro acontecimiento trágico, no solo para sus familiares y amigos sino para todo el país, que siempre tuvo a su Ejército como símbolo de identidad nacional y expresión de sus más elevados valores patrióticos.
La emboscada en que perdieron la vida el subteniente Félix Fernando Fernández, el suboficial Lucio Dejesús Torrasca y los sargentos Robert Fabián Cañete, Genaro Dejesús Arias, Sergio Daniel López, Éder Arias, Hugo Candia y Pablo Farías constituye una catástrofe sin precedente para las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, y para el Gobierno del presidente Horacio Cartes.
Mientras el cuestionado comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Garcete, y el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, guardaban llamativo silencio, fue el anodino ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien tuvo que informar a la ciudadanía acerca del atentado perpetrado por el EPP contra una patrulla militar y de su trágico resultado: ocho muertos.
Este grave atentado –descrito en detalles por los medios de comunicación– no es un incidente trivial o una escaramuza entre grupos armados. Tratándose de una operación militar llevada a cabo en un área bajo control de la FTC, la máxima responsabilidad institucional corresponde al alto mando militar, no al Ministerio del Interior ni a la Fiscalía. Y a la cabeza de ellos, a su Comandante en Jefe.
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