Fiscalía cambió calificación de crimen a delito y los ejecutivos recibieron medidas alternativas.
Inicialmente, estas personas fueron imputadas por la fiscala María Teresa Ruiz Díaz por el artículo 94, inciso d, de la Ley de Armas, cuya expectativa de pena va de 5 a 10 años, es decir, crimen. Ayer la fiscala Penayo solicitó el cambio por el inciso a) de ese mismo artículo, cuya expectativa de pena se reduce de 6 meses a 5 años.
Leer la nota completa en Diario La Nación