El juez de Garantías José Delmás resolvió la prisión preventiva del ciudadano argentino Cristian Eduardo Jaime Narváez, quien se encuentra imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso y omisión de auxilio, en el marco de la causa iniciada tras la muerte de un pasajero luego d euna discusión ocurrida tras […]
El juez de Garantías José Delmás resolvió la prisión preventiva del ciudadano argentino Cristian Eduardo Jaime Narváez, quien se encuentra imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso y omisión de auxilio, en el marco de la causa iniciada tras la muerte de un pasajero luego d euna discusión ocurrida tras un viaje solicitado a través de la palataforma Bolt.
La decisión se adoptó luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, representado por la fiscal Hermenegilda Cubilla, el hecho ocurrió en la noche del 01 de mayo pasado, cuando el imputado habría mantenido una discusión con el pasajero Arnaldo Ramón Grance Coronel. Según la imputación, tras descender del vehículo, el conductor presuntamente habría agredido a la víctima con golpes de puño, provocando su caída sobre el empedrado, lo que derivó en su fallecimiento.
La defensa, ejercida por la abogada Carolina González, se opuso a la prisión preventiva al sostener que no existen elementos suficientes para configurar un hecho doloso, planteando que el caso podría encuadrarse, en todo caso, en una figura culposa. Asimismo, argumentó que no se reúnen los presupuestos legales para la medida cautelar, señalando la existencia de arraigo, ausencia de riesgo de fuga y la posibilidad de aplicar medidas menos gravosas, como el arresto domiciliario con control electrónico.
No obstante, el magistrado consideró que existen elementos de convicción suficientes para sostener, en esta etapa inicial, la probable participación del imputado en los hechos investigados, así como la existencia de un hecho punible grave. Además, valoró la expectativa de pena que podría alcanzar entre 5 y 20 años de privación de libertad como un factor relevante para determinar el riesgo de fuga, sumado a la falta de documentación que acredite arraigo suficiente en el país.
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