Durante décadas, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) fue presentada como un espacio de articulación técnica entre municipalidades. Sin embargo, hoy es legítimo preguntarse si sigue cumpliendo la función para la que fue creada en la década de 1960 o si, por el contrario, se ha convertido en una estructura obsoleta y costosa para el contribuyente. La OPACI se financia, entre otros recursos, con aportes directos que salen del bolsillo del ciudadano: 10.000 guaraníes por cada registro de conducir, además de porcentajes de impuestos municipales. Un cálculo conservador habla de ingresos anuales cercanos a los seis millones de dólares.…
Durante décadas, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) fue presentada como un espacio de articulación técnica entre municipalidades. Sin embargo, hoy es legítimo preguntarse si sigue cumpliendo la función para la que fue creada en la década de 1960 o si, por el contrario, se ha convertido en una estructura obsoleta y costosa para el contribuyente.
La OPACI se financia, entre otros recursos, con aportes directos que salen del bolsillo del ciudadano: 10.000 guaraníes por cada registro de conducir, además de porcentajes de impuestos municipales. Un cálculo conservador habla de ingresos anuales cercanos a los seis millones de dólares. La pregunta central es simple y contundente: ¿dónde está el retorno de esa inversión pública?
En un Estado de derecho, el impuesto no es un castigo ni una dádiva: es un aporte que debe volver en servicios, eficiencia y mejores condiciones de vida. Y ese retorno, en este caso, no aparece. Por el contrario, leyes modernas de tránsito —como el registro único de conducir con sistema de puntos o la base de datos unificada para la habilitación de rodados— siguen sin implementarse. ¿La razón? La dependencia de una ONG para desarrollar tecnología básica que el país necesita desde hace años.
Resulta paradójico que una organización no gubernamental termine condicionando la aplicación de políticas públicas nacionales. Mientras tanto, los municipios siguen atados a una burocracia centralizada que no innova, no moderniza y no rinde cuentas con claridad. La consecuencia es doble: se frena el avance institucional y se le carga un costo innecesario al ciudadano.
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