El 12 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que declara en emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados, y permite que tanto el Ministerio del ramo como los gobiernos departamentales y municipales obvien el procedimiento licitatorio para construirlos, mantenerlos y equiparlos. Pasaron más de cinco meses, pero hasta la fecha no ha sido sancionada la ley, por razones que tienen que ver con la repugnante politiquería que contamina la tarea legislativa en perjuicio del interés general. “Aquí estamos entre políticos que no solo están pensando en el proyecto de ley en sí, sino en la próxima campaña electoral”, dijo al respecto impúdicamente el diputado liberal y rector de la Universidad Nacional de Pilar, Víctor Ríos, aludiendo al temor de que el actual ministro de Educación, Enrique Riera, sea candidato presidencial del “cartismo” en las próximas elecciones y que utilice el dinero de la emergencia educativa en las internas de su partido. En contrapartida, la ley que le concede a la ONG llamada Opaci la facultad de meter mano en los bolsillos de los contribuyentes, gracias a que en la Cámara Baja está representado el clan Núñez que maneja dicha entidad, fue tratada con mayor celeridad y sin inconveniente alguno.
El 12 de mayo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que declara en situación de emergencia la infraestructura de los centros educativos públicos y subvencionados, y permite que tanto el Ministerio competente como los gobiernos departamentales y municipales puedan obviar el procedimiento licitatorio para construirlos, mantenerlos y equiparlos. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 1 de junio y lo mismo hizo la de Senadores el 11 de agosto. Seis días más tarde, el proyecto de ley volvió a la Cámara de origen, sin que hasta hoy ella haya ratificado su versión ni aceptado los...
Pasaron así más de cinco meses desde que se solicitó la declaración de emergencia y más de uno desde que el proyecto de ley se halla de nuevo en estudio de los diputados, pero hasta la fecha no ha sido sancionada la ley, de solo nueve artículos, que serviría para remediar cuanto antes un dramático estado de cosas. Está en juego incluso la vida de los alumnos que asisten a escuelas y colegios ruinosos.
La demora de los diputados no obedece, como podría suponerse, a que las modificaciones dispuestas por los senadores sean tan importantes como para requerir un minucioso análisis. En efecto, ellas solo se limitan a que las rendiciones semestrales de los gobiernos departamentales y municipales se presenten en audiencia pública y también ante las Comisiones de Cuentas y Control del Congreso, y a que los contratos incluyan una cláusula penal para casos de incumplimiento en la ejecución de las obras. La reticencia de los diputados, que ya han postergado por consenso la sanción de la ley en...
“Aquí estamos entre políticos que no solo están pensando en el proyecto de ley en sí, sino en la próxima campaña electoral”: lo dijo sin ninguna vergüenza el diputado y rector de la Universidad Nacional de Pilar (PLRA), Víctor Ríos, al referirse al temor de sus colegas colorados de que el ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera, emplee los fondos destinados al cumplimiento de la ley en las elecciones internas previas a las generales de 2018, dado que sería uno de los eventuales candidatos del “cartismo” a la presidencia de la República.
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