Un nuevo frente de conflicto se abrió en la Cámara de Diputados en torno al rol de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, cuestionada por legisladores que impulsan un proyecto de ley para retirarle la potestad de intervenir en los trámites de licencias de conducir y cortar un esquema de recaudación que consideran irregular y opaco.
La iniciativa plantea modificar varios artículos de la Ley de tránsito con el objetivo de que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, asuma plenamente la administración del sistema de registros, incluyendo la base de datos de los conductores. Actualmente, esa información se encuentra bajo control de la Opaci, una entidad de carácter privado integrada por municipios.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al cobro de G. 10.000 que se aplica a cada gestión vinculada a licencias de conducir, ya sea expedición, renovación o anulación. Para los proyectistas, este monto representa una recaudación constante que no está sujeta a controles claros ni rendición pública.
El diputado Miguel Martínez fue uno de los más duros durante el debate, al señalar que no se puede permitir que una organización ajena al Estado maneje datos sensibles de la ciudadanía y, al mismo tiempo, cobre por ese servicio. A su criterio, la estructura actual abre la puerta a abusos y prácticas discrecionales que terminan afectando directamente a los contribuyentes.
En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo cuestionó la falta de avances para que el organismo estatal asuma estas funciones y planteó la necesidad de terminar con el esquema vigente, al que calificó de poco transparente. Según sostuvo, la ciudadanía no tiene por qué seguir financiando una estructura paralela cuando el Estado debería encargarse del sistema.
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