El presidente Santiago Peña confirmó la promulgación de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2026, un documento que llega con modificaciones sustanciales introducidas durante su tratamiento legislativo y que vuelve a colocar en el centro del debate la discrecionalidad del gasto público y las prioridades del Estado para el próximo año.
El plan financiero aprobado asciende a G. 149,6 billones, lo que representa un incremento cercano al 12,3% en comparación con el presupuesto vigente en 2025. La cifra final no solo implica un aumento significativo interanual, sino que además supera en más de USD 55 millones la propuesta original enviada por el Ejecutivo, tras los cambios impulsados por el Congreso durante su análisis.
Desde el Gobierno, el mandatario defendió la promulgación del presupuesto y destacó que el texto aprobado es resultado de un trabajo coordinado entre los poderes del Estado. A través de sus redes sociales, afirmó que el PGN 2026 apunta a priorizar a los sectores más vulnerables y a sostener políticas públicas orientadas al desarrollo. Sin embargo, la aprobación del documento con agregados que no contaron con una explicación pública detallada volvió a generar cuestionamientos.
Uno de los focos de mayor controversia está puesto en los incrementos otorgados al propio Congreso. En el trámite legislativo se aprobaron ampliaciones presupuestarias que, en conjunto, suman alrededor de G. 50.000 millones adicionales para el Poder Legislativo, distribuidos entre el Senado y la Cámara de Diputados. Estos aumentos se incorporaron sin un debate profundo sobre su destino específico, lo que alimentó críticas sobre la falta de transparencia y la autoasignación de recursos.
El presupuesto también contempla refuerzos para la Presidencia de la República, con partidas adicionales que incluyen la reposición de fondos para áreas específicas y un aumento en los recursos destinados a los viajes oficiales del jefe de Estado. Al mismo tiempo, se mantienen montos reservados que históricamente generan reparos desde sectores políticos y de la sociedad civil, por el escaso control público sobre su utilización.
Leer la nota completa en El Nacional
