Cuando el Congreso paraguayo aún no había analizado las notas reversales de Yacyretá, la entidad ya estaba convocando a licitación para las obras civiles y el equipamiento de la central Aña Cua. Francisco Valenti, directivo de la oferente IMPSA, tiene ahora orden de detención por sobornos en obras públicas en Argentina.
El 2 de mayo de este año, IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona) presentaba una oferta para el equipamiento electromecánico de la nueva central Aña Cua, que se deriva de las cuestionadas notas reversales de los años 2014 y 2017, que tuvieron sanción del Congreso paraguayo recién la semana pasada.
Pues bien, en el marco del escándalo por el “cuadernazo” o “cuadernosK”, como se refiere en la prensa argentina a la investigación por sobornos en adjudicaciones en obras públicas en ese país, la semana pasada se dictó orden de detención contra el empresario Francisco Valenti, directivo de IMPSA.
Aunque no ha trascendido en qué habría consistido su participación en las presuntas maniobras delictivas que investiga la justicia, el diario La Nación de Argentina detalló el modo en el que operaban los funcionarios nacionales y se refirió a “un ingeniero director de una empresa metalúrgica que se encontraba frecuentemente con el exsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido, y el encargado de coordinar y readecuar los pagos de los empresarios”.
En la licitación de Aña Cua, IMPSA aparece consorciada con una empresa paraguaya ligada al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, en este caso la empresa CIE SA. En el mismo consorcio también está la firma asiática Power China.
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