ROMA. La decisión del gobierno italiano de obligar a los trabajadores públicos y privados a tener el pasaporte sanitario, el primero de Europa en hacerlo, siembra las dudas en cómo se aplicará en las grandes empresas y la reacción de los trabajadores, porque hay millones de personas mayores de 30 años aún no han sido vacunadas.
La primera reacción de los trabajadores que no han querido vacunarse ha sido de rabia. “Pues me dejaré el sueldo en test, no me pienso vacunar”, explica Jasmine, empleada en un bar que “tiene miedo” a la vacuna y tampoco la obligación “me lo va a quitar”, observa indignada.
No obstante, un reciente sondeo apunta que cerca del 75 por ciento de los italianos - casi el 75 por ciento de la población por encima de los 12 años ya ha sido vacunada - se mostraba de acuerdo con la obligación del certificado sanitario contra la covid.
Con la medida aprobada este jueves en el consejo de ministros, el presidente del Gobierno, Mario Draghi, consigue evitar imponer la vacunación obligatoria, con la que él estaba de acuerdo, pero que habría acarreado problemas constitucionales y creado una ruptura con sus socios de la Liga.
Pero Draghi continúa así con la mano dura para evitar nuevos cierres que serían letales para una economía que parece recuperarse, pues, como se indicó este jueves, el PIB crecerá en torno al 6 % en el conjunto del 2021, frente a la caída del 8,9 % del 2020 por lo que "esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta reactivación".
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