La Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) condenó el desalojo de la comunidad campesina de Guahory, efectuado la pasada semana, y reiteró la necesidad de una reforma agraria integral que permita el arraigo de las familias campesinas en sus tierras.
Los obispos condenaron en un comunicado el “uso desproporcionado de las fuerzas públicas para destruir los cultivos y las viviendas de los campesinos”, y destacaron que la propiedad de las tierras donde se encontraba el asentamiento está en litigio, y su titularidad “no estaría suficientemente aclarada y comprobada”.
La CEP agregó que estos hechos evidencian “la necesidad de encarar con seriedad y urgencia una reforma agraria integral, que permita el arraigo de las familias campesinas en sus tierras”.
Recordaron además a las autoridades su obligación de ajustarse a los mandatos de la Constitución, respetar los derechos humanos, salvaguardar la dignidad de las personas y brindar las garantías necesarias a los más débiles.
El asentamiento campesino de Guahory, en el departamento de Caaguazú, fue desalojado la pasada semana por un contingente de más de mil policías que destruyeron casas y cultivos y sometieron a tratos crueles, inhumanos o degradantes a sus pobladores, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
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