Tres años después del vencimiento del plazo de 40 años que impone el Art. IX del Anexo C del Tratado de Yacyretá, el canciller Eladio Loizaga tuvo ayer en Mburuvicha Róga un par de “creativas” salidas al tratar de explicar el estancamiento de las tratativas con Argentina. La deuda de la binacional “son números y no letras” y la solución no pueden encontrarla en 24 horas, dijo.
Si bien los números también pueden registrarse con letras, el problema de la binacional (EBY) radica en qué operaciones financieras o de compraventa, inclusive de servicios, registraron sus contadores, abrumadoramente argentinos.
También si sus registros contables cuentan con la documentación respaldatoria o no. La Contraloría General de la República (CGR) en una suerte de “primavera de la transparencia” que se produjo en 2007, pero que duró muy poco, luego de la incursión en las oficinas centrales de la EBY, en el barrio Retiro de Buenos Aires, concluyó que gran parte de esas anotaciones carecían de documentos probatorios.
Además, con el avance de la computación, manejar cifras hoy en juego de niños.
No obstante, recordemos que el pasivo que imputan a la EBY, de acuerdo con la “contabilidad oficial”, araña los US$ 20.000 millones, porque incluye una columna muy especial en la que apuntan los intereses que el Gobierno argentino carga a la binacional, pese que el Art. IX del Tratado solo habla de aportes y otra para las actualizaciones.
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