Un año después del inicio de la llamada “insurrección cívica” de abril, Nicaragua sigue desdibujada por una crisis sociopolítica que se mantiene con muertes, desapariciones, tortura y ríos de exiliados.
MANAGUA (EFE). La Unidad Nacional Azul y Blanco (alianza opositora) reporta al menos 2 desapariciones diarias a manos de policías, personas que luego aparecen en prisión con denuncias de torturas, o violaciones sexuales.
La Policía, que no realizaba patrullajes diurnos, ahora está en casi todas las intersecciones importantes de las ciudades con rifles AK-47 de fabricación rusa o escopetas, y vastas municiones.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reporta 809 “presos políticos” y el Gobierno reconoce menos de la mitad, por lo que se estima la desaparición de cientos de manifestantes autoconvocados, aquellos que no siguen liderazgos en su repudio al mandatario Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 325 manifestantes han muerto en protestas contra el presidente Daniel Ortega; instituciones humanitarias locales cuentan 568 víctimas, mientras que el Gobierno reconoce 199.
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