Carlos Miranda, resolvió no hacer lugar a la petición de la Municipalidad de Concepción, en el marco de un juicio iniciado en contra de la ciudadana Daysi Ramona Silguero. Por otra parte, el Magistrado señala que, el juicio no debió haber tenido andamiaje, es más, ni siquiera debió ser dictado el Auto Interlocutorio Nº 210, con el que se trabó el embargo y se principió el juicio. Asimismo, aclara que la acción fue errónea al someter el proceso a las reglas del Juicio Ejecutivo, cuando que por disposición de la misma Ley Orgánica Municipal, debió ser a través de la Ejecución de Sentencia.
El Juez en lo Civil, Comercial y Laboral del tercer turno de Concepción, Abog. Carlos Miranda, resolvió no hacer lugar a la petición de la Municipalidad de Concepción, en el marco de un juicio iniciado en contra de la ciudadana Daysi Ramona Silguero. En el Juicio Ejecutivo, promovido por la Abog. Teresa Díaz, la comuna reclamaba el pago de G. 9.132.076, más sus intereses, costos y costas del juicio, por una supuesta deuda que la demandada tiene con la Municipalidad.
La acción judicial había sido planteada en el año 2017 y otro Juzgado, que atendió la demanda al principio, trabó embargo sobre los bienes plantados en el inmueble ocupado por Silguero, hasta cubrir la suma reclamada. La supuesta deuda, demandada por la comuna, se refiere a un atraso en el pago de las cuotas por el terreno, que la mujer ocupa desde hace varios años y que es municipal.
En su Sentencia Definitiva, el magistrado Miranda argumenta que el pedido de la Municipalidad resulta improcedente, considerando que como instrumental de prueba, la demandante presentó un Certificado de Obligación Tributaria, el cual se refiere a deudas por tasas y tributos. Sin embargo la supuesta cuenta de Silguero es en concepto de Venta de Activos de Capital y Rubros Vinculados, lo que claramente no constituye tributo.
Por otra parte, el Magistrado señala que, el juicio no debió haber tenido andamiaje, es más, ni siquiera debió ser dictado el Auto Interlocutorio Nº 210, con el que se trabó el embargo y se principió el juicio. Asimismo, aclara que la acción fue errónea al someter el proceso a las reglas del Juicio Ejecutivo, cuando que por disposición de la misma Ley Orgánica Municipal, debió ser a través de la Ejecución de Sentencia.
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