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Entre 2022 y 2025, el entonces juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Carlos Ferreira, intervino en 2.406 expedientes de cobro de guaraníes. Según la imputación fiscal, en esos casos habría dictado resoluciones vulnerando el principio de igualdad entre las partes. El Ministerio Público sostiene que permitió que las actuaciones fueran elaboradas por la abogada demandante Zully Concepción Ortiz García, representante de la Asociación de Educadores Ovetenses, RTO S.A. y Vanessa y Asociados S.A.
De acuerdo con los antecedentes del caso, Ferreira habría actuado con conocimiento de que el ujier notificante, Julio César Ríos Acosta, y la actuaria judicial, Mirian Carolina Martínez, simulaban actuaciones procesales. Esas actuaciones, según la imputación, no se daban en la realidad, pero permitían el avance de juicios considerados fraudulentos en perjuicio de los deudores. La acusación fue presentada por los fiscales Irán Suárez, Belinda Bobadilla y Silvia Sosa.
La Fiscalía imputó a Roberto Carlos Ferreira por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en carácter de autor. A la abogada Zully Ortiz se le atribuye la calidad de instigadora de prevaricato y de uso de documentos públicos de contenido falso. En cuanto al ujier Ríos, la imputación es por producción de documentos públicos de contenido falso y como cómplice del hecho de prevaricato.
La actuaria Mirian Carolina Martínez fue imputada por uso de documentos públicos de contenido falso y por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en carácter de autora. La investigación se inició a partir de la denuncia de la abogada Noelia Núñez, en representación de Cayetana Vera de Piriz y Julio César Piriz Notario. En esa presentación se describió la existencia de una estructura integrada por Ortiz, el juez de paz, la actuaria, el ujier y la jefa de Estadísticas del Poder Judicial, Dilsey Achucarro.
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