El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se negó a divulgar ayer el contenido del informe que recibió de Uruguay, y que revela que el adjudicado para la operación de 13 puestos de peaje falseó datos para obtener el contrato. Un convenio de 10 años es el que está en juego.
El documento es la respuesta que pidió el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a la Corporación Vial del Uruguay, que tras la adjudicación del contrato de los peajes al consorcio Ramón C. Álvarez-CDD, desmintió que la empresa uruguaya que integra el consorcio tuviera la experiencia específica que decía tener, involucrando para ello a la corporación.
Cuando el MOPC recibió la denuncia, teniendo la atribución de cancelar la licitación, simplemente la dejó en suspenso y solicitó nuevos informes.
La copia de ese informe solicitamos ayer a través de la Dirección de Comunicaciones, cuyo titular es Óscar Ayala Bogarín, quien nos solicitó a su vez hacerlo por escrito y en mesa de entrada. Así lo hicimos, pero en el transcurso del día no obtuvimos respuesta. Tampoco fue posible dar con la vocera del llamado, la viceministra Marta Benítez. El contrato que está en juego es de más de G. 42.000 millones y supone la entrega por 10 años de 13 puestos de peaje al consorcio integrado por la empresa bajo sospecha de haber falseado datos.
Además, como es un contrato abierto, cualquier peaje que se instale en adelante en territorio nacional, pasará a ser administrado por el consorcio adjudicatario en esta licitación.
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