La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados acordó aprobar con modificaciones el proyecto de ley conocido como “anti Hernán Rivas”, que busca evitar que ambas cámaras del Congreso sigan designando representantes ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que tengan cuestionada formación jurídica/académica y también plantea retocar el plazo de mandato.
El proyecto de ley “que modifica el artículo 3 de la que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales; agentes fiscales; defensores públicos; y síndicos de quiebra; y deroga la Ley 3759/2009”, plantea varias exigencias a los candidatos que serán representantes de Diputados y Senadores ante el JEM.
Estas exigencias son: “que durante el término de diez años, cuanto menos, haber ejercido efectivamente la profesión o desempeñado funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público, o ejercido la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o alternativamente”.
Este plan es como derivación de casos como los del senador cartista Hernán Rivas y el ahora exdiputado cartista Orlando Arévalo, cuyos títulos de “abogados” estuvieron en seria controversia sobre su legalidad, siendo investigados incluso por la Fiscalía.
El senador Rivas y su supuesto título falso, fueron ayudados por fiscala. Este aspecto no genera mayor controversia, como sí el planteamiento de reducir el plazo de mandato.
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