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El programa se lleva a cabo en Alto Paraná e Itapúa, circunscripciones que reúnen las características necesarias para el desarrollo de la propuesta cuyo nivel operativo contempla equipos de trabajo conformado por docentes y alumnos de las universidades locales que, bajo la dirección de los juzgados de ejecución penal y del MNP, apoyan a los juzgados y secretarías en la identificación de presuntos casos de pena anticipada, detalló Villagra.
De acuerdo a los datos, existen 384 casos de probable pena anticipada por trasgresión de plazos en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este y 294 casos en la Penitenciaría Regional de Itapúa.
Explicó que la iniciativa busca fortalecer las garantías del derecho de las personas a ser juzgadas dentro de un plazo razonable o en su defecto a ser puestas en libertad. La pena anticipada viola los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia; puede llegar a constituir una pena cruel, inhumana o degradante, dijo.
El programa piloto se basa en un sistema de producción de información procesal de las personas privadas de libertad que será puesta a conocimiento de los juzgados competentes; los casos identificados por el programa quedarán a consideración del magistrado a cargo del procedimiento.
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