La renuncia de Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, no cerró la controversia en torno a su paso por la Cámara de Diputados, sino que abrió un nuevo foco de cuestionamientos tras la presentación de su declaración jurada ante la Contraloría.
El documento revela un dato que llamó poderosamente la atención: su patrimonio no registró ninguna variación desde su ingreso hasta su salida de la función pública.
Según los registros, al momento de incorporarse a Diputados en octubre de 2023, la entonces funcionaria declaró bienes por un total de G. 177.200.000, cifra que se mantuvo exactamente igual al momento de su renuncia en abril de 2026. El dato contrasta con los ingresos que percibió durante ese periodo, ya que contaba con un salario mensual de G. 18.274.300, lo que le permitió acumular más de G. 560 millones en menos de tres años dentro de la institución.
La situación genera interrogantes sobre el destino de esos ingresos, teniendo en cuenta que en su declaración figura apenas una cuenta de ahorro con G. 200.000, además de un vehículo valuado en alrededor de G. 157 millones. Tampoco se registran cambios en sus deudas ni en sus egresos mensuales, que permanecen idénticos a los consignados al inicio de su gestión.
Montserrat Alliana ocupaba un cargo de confianza como coordinadora en el área de Tesorería de la Cámara Baja, al que accedió sin concurso, en medio de cuestionamientos por presunto nepotismo. Su caso se convirtió en uno de los más visibles dentro del debate sobre las contrataciones de familiares de autoridades, en el marco del fenómeno de los llamados "nepobabies".
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