Luego de la lectura del pronunciamiento oficial de la Corte con relación al atentado sufrido por dos juezas, cuyas casas fueron baleadas la semana pasada, los ministros “debatieron” sobre como enfocar la lucha contra el crimen organizado. Se hicieron discursos como siempre, que son absolutamente insuficientes, para combatir la delincuencia. Es necesario pasar a la … Ministros hacen “vista gorda” a fallos complacientes con crimen organizado Leer más »
Luego de la lectura del pronunciamiento oficial de la Corte con relación al atentado sufrido por dos juezas, cuyas casas fueron baleadas la semana pasada, los ministros “debatieron” sobre como enfocar la lucha contra el crimen organizado. Se hicieron discursos como siempre, que son absolutamente insuficientes, para combatir la delincuencia. Es necesario pasar a la acción, lo cual se traduce en el control estricto de la actuación de los magistrados, en especial en las causas donde se dictan resoluciones complacientes con acusados por narcotráfico, lavadores de dinero y otros. En la plenaria...
Los fallos complacientes dictados por el Poder Judicial, en muchos casos con la complicidad del Ministerio Público, alientan el crimen organizado en nuestro país. El combate a la delincuencia organizada, con vínculos internacionales, se enfrenta con operadores de justicia valientes y honestos. Con magistrados y fiscales que se someten al poder económico de estas bandas se alienta que las mismas se instalen en Paraguay, en donde les resulta fácil lavar el dinero de origen ilícito por los controles preventivos casi nulos, a los cuales se suma una justicia exageradamente benevolente.
En esta lucha es clave la actuación de la Corte, si los ministros “hacen la vista gorda”, como esta ocurriendo, a las actuaciones sospechas de muchos magistrados, el crimen organizado avanzará.
Uno de los casos recientes, que se registró la semana pasada, es el de Reinaldo Javier Cucho Cabañas, que obtuvo su arresto domiciliario la semana, con el argumento del cumplimiento de la pena mínima por tráfico de drogas, que es supuestamente cinco años. Sin embargo, la calificación vigente era la de la imputación que fue por tráfico internacional de drogas, con una pena mínima de diez años. Incluso así lo consideró en mayo pasado, el juez Miguel Palacios, cuando ratificó la prisión, pero que sospechosamente la semana cambió radicalmente de postura al reducirle a cinco años.
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