Metrobús: “No existen impedimentos para intervención de la PGR”, ratifica Cámara

Metrobús: “No existen impedimentos para intervención de la PGR”, ratifica Cámara

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, ratificó la intervención de la Procuraduría en el proceso al exministro de Obras Ramon Gimenez Gaona y Marta Benítez Morínigo, por lesión de confianza en el fracasado proyeto metrobús. La reposición con apelación en subsidio a cargo de los abogados Tarek […]

El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, ratificó la intervención de la Procuraduría en el proceso al exministro de Obras Ramon Gimenez Gaona y Marta Benítez Morínigo, por lesión de confianza en el fracasado proyeto metrobús.

La reposición con apelación en subsidio a cargo de los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, manifiesta en su argumentación que la aplicación retroactiva de la ley, representa un perjuicio para los procesados, “toda la legislación nacional e internacional prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, salvo la ley penal, que sea más favorable al encausado o condenado”.

“Este proceso penal se inició en el año 2018. – La Ley N° 6837 “Que establece las funciones y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República”, fue por promulgada el 17 de noviembre de 2021 – De estos hechos surge claramente de que: a) La Ley N° 6837/21, es de fecha posterior a la iniciación de este proceso penal, que es del año 2018; y b) La nueva ley posterior, le concede la calidad de “víctima” a la Procuraduría General de la República, quien antes no existía, en nuestro proceso penal”.

La preopinante, Dra. Bibiana Benítez cita en primer término lo establecido en la Ley N° 6837/2021. Art. 23. – Competencia en investigaciones o procesos penales relacionados con hechos punibles contra el patrimonio del Estado… b) Intervenir en calidad de víctima, de acuerdo con los Artículos 67 y 68 de la Ley N° 1286/1998 “CÓDIGO PROCESAL PENAL”, los procesos penales en los cuales se investiguen hechos punibles contra el patrimonio del Estado. Esta atribución en ningún caso implica la facultad de asumir la calidad de querellante adhesivo.

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