Por tanto, aseguró que es obligatoria y de cumplimiento inmediato la orden del Tribunal Arbitral internacional, que el 1 de mayo accedió a la medida cautelar solicitada por la empresa portuguesa.
“Todos los laudos se dictarán por escrito y serán definitivos y obligatorios para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo sin demora”, rezan los documentos a los que están obligadas las partes, según Sitmson.
“Mota Engil había pedido varias medidas, pero la que tuvo más impacto, por lo menos a mi juicio, fue que el Tribunal ordenó suspender la ejecución de las dos garantías (la bancaria con Itaú por unos USD 6,5 millones, y la póliza de Royal Seguros, por similar monto). Si ya estuviera en marcha, le ordena al Estado conservar el dinero, no utilizarlo”, sostuvo.
El entendido explicó que cuando un Estado se somete a un proceso, actúa con inmunidad soberana y no hay autoridad sobre él, pero como en los últimos cien años también los Estados incursionaron en actividades económicas privadas, se permitió que se sometan a jurisdicciones de cortes internacionales que no nacen de sus propios sistemas jurídicos.
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