El juez Humberto Otazú dictó medidas alternativas a la prisión perventiva para la actuaria judicial, Ruth Karina Ferreira Britez, procesada por presunto cohecho pasivo agravado (coima), como derivación del caso Mercat. La misma cumplía funciones en el despacho de la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, y la ex fiscala de Villa Elisa, Egidia Gómez, también procesadas en la misma causa.
La actuaria judicial, Ruth Ferreira, es la única que se sometió a la audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Econcómicos Humberto Otazú, el pasado viernes 28 de noviembre, en el marco del proceso iniciado por cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal, y realización por funcionarios, derivado del caso .
En ese sentido, el magistrado estableció medidas alternativas a la prisión preventiva para la actuaria. Así, la misma debe residir en el mismo domicilio denunciado ante el juzgado; además tiene prohibido cambiar de número telefónico y salir del país; está obligada a presentarse en el juzgado entre el 1 y 5 de cada mes a firmar el libro de comparecencia y a presentar, en los próximos 20 días una fianza real de G. 150 millones.
De acuerdo con la imputación del fiscal Néstor Coronel, la jueza penal de garantías de Lambaré, Isabel Bracho, habría recibido una coima en dinero consistente en la suma de US$ 50.000 a cambio de otorgar medidas más beneficiosas al procesado por narcotráfico y reducción, Walter José Galindo Domínguez, en su proceso del 2021.
En ese contexto, la actuaria judicial Ruth Ferreira habría refrendado con su firma las resoluciones que otorgaban medidas menos gravosas al procesado Walter Galindo. Dichas decisiones se habrían dictado, tras el pago del dinero.
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