Siete concejales, Hugo Lezcano, Derlis Acuña, Brígido Nuñez, Pedro Martínez, Myrian Fernández (colorados) y los liberales, Osvaldo Gómez y Dorotea Villarreal en una ya acostumbrada alianza entre colorados y dos liberales, impidieron el avance de un pedido de informes clave para transparentar el uso de los recursos municipales correspondiente al año fiscal 2025. El edil […]
Siete concejales, Hugo Lezcano, Derlis Acuña, Brígido Nuñez, Pedro Martínez, Myrian Fernández (colorados) y los liberales, Osvaldo Gómez y Dorotea Villarreal en una ya acostumbrada alianza entre colorados y dos liberales, impidieron el avance de un pedido de informes clave para transparentar el uso de los recursos municipales correspondiente al año fiscal 2025. El edil Hernán «Lilo» Domínguez se ausentó durante el tratamiento del tema, dejando la presidencia a cargo de Hugo Lezcano.
En una sesión marcada por la tensión y el debate sobre la transparencia administrativa, la Junta Municipal se convirtió el pasado miércoles en el escenario de un bloqueo legislativo. Una mayoría conformada por siete concejales —cinco pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y dos al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)— unificó posturas para frenar un proyecto que exigía la presentación de documentos respaldatorios sobre el balance presupuestario del ejercicio 2025.
El origen de la discordia La iniciativa fue impulsada por el concejal Isaac Rojas (PLRA), quien presentó un pedido formal de informes con el objetivo de auditar la consistencia de los números presentados por el Ejecutivo municipal. Rojas argumentó que, sin los documentos que prueben el origen y destino de los fondos, no se puede tener una decisión responsable para la aprobación o rechazo del balance y carecería de legitimidad, además expondría a la institución a serias dudas sobre su gestión financiera.
Defensa de la transparencia Durante el debate, la postura de Rojas fue respaldada por los ediles Luz Bella González (PLRA) y Nicolás Verón (PPS). Ambos concejales hicieron hincapié en que la solicitud de documentos no constituye un ataque político, sino una obligación constitucional de control. El cuestionado ex intendente y ahora edil Alcibiades Quiñonez (ANR), también salió en defensa del pedido de Rojas.
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