La alevosa manera en que funcionarios penitenciarios del Ministerio de Justicia liberaron a ocho peligrosos delincuentes del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú desnudó varias falencias de la penitenciaría, pero, por sobre todo, la grave corrupción que campea en instituciones estatales.
Esta penitenciaría fue dotada de “tecnología de última generación”, con cámaras de seguridad, sistemas de escaneo y tecnologías de reconocimiento facial y vehicular, además de sensores perimetrales de movimiento. Sin embargo, nada de esto sirvió para mantener dentro a los peligrosos delincuentes.
No es que la tecnología no sea importante para la seguridad, la lucha contra el crimen organizado o la represión de la criminalidad en general, sino que nada de esto sirve si no se erradica la corrupción.
Esto me hizo recordar una ponencia de Brian Skaret, fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos, durante su visita a Ciudad del Este en 2022, cuando afirmó que lo que permite que la mafia controle y reine en la vida de todos es la corrupción. Había detallado que las experiencias históricas muestran que no fueron los recursos tecnológicos, ni el entrenamiento, ni las capacitaciones lo que logró derrotar a mafiosos de la talla de Al Capone, sino fue el hecho de que funcionarios honestos que decidieron no aceptar coimas ni favores.
Nada se ajusta mejor a lo ocurrido en Minga Guazú, porque lo que finalmente permitió que los delincuentes volvieran a las calles no fueron las fallas tecnológicas ni la falta de capacidad, sino la ausencia de moral. Está claro que estos guardiacárceles no prestaron gratis su servicio al crimen organizado. Y resulta preocupante que la persecución de estas organizaciones haya llegado a este punto.
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