La reciente inhabilitación del matadero municipal, que emplea a unas 40 personas, ha generado inquietud y sospechas debido a la falta de coordinación aparente entre las autoridades locales. Esta situación ha llevado a pensar que podría haber otros intereses en juego, ya que la supuesta evasión de impuestos debería haber provocado la apertura de un […]
La reciente inhabilitación del matadero municipal, que emplea a unas 40 personas, ha generado inquietud y sospechas debido a la falta de coordinación aparente entre las autoridades locales. Esta situación ha llevado a pensar que podría haber otros intereses en juego, ya que la supuesta evasión de impuestos debería haber provocado la apertura de un sumario en lugar del cierre inmediato sin la intervención previa del juzgado de faltas municipal.
Según dijo el pasado viernes el asesor jurídico municipal, abogado José Macedo, la administración municipal judicializó el tema, por lo que seguramente irán saliendo algunos detalles no conocidos o poco conocidos en las documentaciones que existe en la carpeta judicial.
Por ejemplo se destaca el mentado contrato de arrendamiento que fue firmado el 30 de diciembre de 2019 entre el entonces intendente Alcibiades Quiñonez y la arrendataria Elena María Betania Samudio.
Este contrato, que consta de 11 artículos, establece una duración de cinco años, pero también especifica las circunstancias bajo las cuales la municipalidad podría rescindirlo antes de cumplir dicho plazo. Entre estas causales, se destaca que la administración municipal debe notificar a la arrendataria con al menos 60 días de antelación.
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